Las causas parecen estar relacionadas con la existencia de una especie de pacto de sangre (o de silencio, según se mire) entre la clase política, la autoridad monetaria y el mundo del ladrillo y de la banca para que no baje el precio de los activos inmobiliarios más allá de lo que se considera razonable. Esto es preocupante cuando el Banco de España ha estimado que la vivienda está sobrevalorada en más de un 20%.
Esta estrategia pretende evitar una situación parecida a la que ocurrió en Japón a principios de los 90, cuando el desplome del inmobiliario se llevó por delante establecimientos financieros que en su balance contaban con hipotecas que valían menos que las propias casas a precio de mercado, lo que les obligó a depreciar el valor de sus activos para dar una imagen fiel de su patrimonio. Cuando la garantía hipotecaria (el valor del piso) es inferior a lo que se refleja en libros, se crea un problema tanto para el banco como al propietario, que está pagando intereses por algo que vale menos de lo que recibió prestado.
Los bancos y cajas de ahorros prefieren engordar su patrimonio inmobiliario (convertirse en la primera inmobiliaria del país) antes que sacar las casas al mercado al mejor postor, lo que exigiría un recorte de precios. La banca ha asumido que es mejor negociar con las inmobiliarias (incluso en algún caso entrando en su capital) antes que instar a unas suspensión de pagos, algo que iría contra su balance. Además, la mayoría de los gobiernos autonómicos ha alcanzado acuerdos con los promotores inmobiliarios con el fin de reconvertir la vivienda libre en otra a precio concertado, lo que significa que el valor de las promociones tiene un suelo que no se puede sobrepasar.
Todo esto impide que el mercado funcione. No puede haber demanda cuando la oferta potencial no se adecua a la realidad económica por intereses de parte. EL CONFIDENCIAL
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